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Los gobiernos latinoamericanos se han lanzado a emular a India e Irlanda en una carrera por convertir sus sectores de software en generadores de exportaciones. Después de todo, el capital humano no depende mucho de los activos naturales de un país. Venezuela y Argentina siguieron el ejemplo de Brasil de recomendar el uso de software de fuente abierta en las instituciones estatales. En Venezuela, la medida sería obligatoria entre las entidades de la administración pública. El Gobierno argentino informó que utilizaría Linux para desarrollar un portal de gobierno electrónico a través del cual los ciudadanos podrán hacer llegar documentación a todas las instituciones del país.
La petrolera estatal venezolana, PDVSA, fue la primera en anunciar planes de migrar su plataforma de tecnología a software de fuente abierta. PDVSA es el principal comprador de software de Venezuela y sus compras representan un 30% del total del mercado.
El Instituto Nacional de Tecnología de la Información (ITI) de Brasil informó que el Gobierno Federal ha ahorrado 28,5mn de reales (US$10mn) en licencias de software en los últimos 12 meses al preferir soluciones de fuente abierta. El gobierno ha desembolsado 768.000 reales en soluciones de fuente abierta y 24,8mn de reales en licencias de software patentado.
Un leve traspié para la política de fuente abierta del gobierno fue la decisión del estado de Pernambuco de migrar todos sus sistemas de software a Microsoft Windows luego de tres años consecutivos de usar Linux.